El municipio de Istmina, en el departamento del Chocó, vive sumido en una escena de miedo constante: confinamientos, desplazamientos forzados y ausencia efectiva del Estado. Su alcalde, Jaison Mosquera Sánchez, describe una administración municipal donde el poder real yace en manos de grupos armados que imponen su autoridad con violencia.
Conflicto armado que domina la cotidianidad
En esa zona del Pacífico colombiano operan el ELN y las Autodefensas Gaitanistas, disputándose el control por recursos mineros, rutas de narcotráfico y liderazgo territorial. Aunque el alcalde figura como autoridad, su capacidad está limitada frente a la presión de esos actores ilegales.
Hasta noviembre del año pasado, 7.427 personas fueron afectadas por restricciones de movilidad en Istmina, según la ONG CODHES, y 368 personas debieron desplazarse de sus hogares.
El propio Mosquera fue víctima del conflicto cuando fue retenido por el ELN durante una tarea humanitaria en una embarcación por el río San Juan: fue requisado junto con su equipo, quienes debieron entregar documentos y teléfonos.
Estado frágil, demandas urgentes
El alcalde reconoce que la presencia de la fuerza pública es intermitente. En su opinión, los grupos armados tienen un dominio más constante y explícito en el territorio.
Para atender la crisis humanitaria, se han usado recursos que en condiciones normales deberían destinarse a educación, salud y servicios básicos. Mosquera afirma que le ha tocado “desescolarizar” temporalmente estudiantes o desviar fondos para entregar frazadas, alimentos o alojamientos temporales.
Respecto al apoyo nacional, el alcalde sostiene que es “nulo”. Refiere que ha solicitado protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), incluso un vehículo blindado, sin que hasta ahora se le haya concedido.
Mosquera defiende que los diálogos de paz con el ELN deben construirse desde las regiones y con la participación de las comunidades directamente afectadas, no sólo desde Bogotá.
Paros armados reiterados
El 25 de julio de este año, el ELN impuso un paro armado en la región, que paralizó el transporte terrestre y fluvial, desencadenando desabastecimiento y angustia entre los pobladores.
En noviembre de 2024, combinando efectos de lluvias intensas, un nuevo paro afectó a 45.000 personas en el Chocó, generando desplazamientos masivos y denuncias de minas antipersonales. Istmina también fue afectada por esta crisis.
