Durante aproximadamente cuatro años, una red criminal habría operado mediante la creación de empresas fachada para apropiarse de crudo del oleoducto Caño Limón–Coveñas y luego comercializarlo como si se tratara de hidrocarburo legítimo. Así lo señala una reciente investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Según los fiscales, el grupo —identificado como “Los de Cuello Negro”— montó una operación compleja que incluía falsificación de documentos, adulteración del producto, almacenamiento clandestino y venta en distintos mercados del país. Se estima que sus ganancias mensuales rondaban los 2.000 millones de pesos, y que en esos años su patrimonio habría crecido en más de 9 millones de dólares.
Modo de operación y estructura delictiva
El esquema consistía en que seis empresas con apariencia legal transformaban el hidrocarburo robado y lo incorporaban al mercado nacional con documentación falsa. El crudo era extraído ilegalmente de puntos clandestinos a lo largo del oleoducto Caño Limón–Coveñas, y luego movilizado hacia plantas de procesamiento o acopio, desde donde se hacía pasar como “legal”.
Para simular legalidad, los responsables adulteraban el hidrocarburo, cambiaban su densidad o composición química, y presentaban certificados y documentos alterados para que pareciera proveniente de fuentes normales. Luego distribuían el crudo “blanqueado” hacia el norte, centro y oriente del país. En total, se movilizaron más de 32.500 galones de crudo mediante este mecanismo ilícito.
Capturas, imputaciones y posibles complicidades
La investigación, realizada en conjunto por la Fiscalía General y la Dijín de la Policía Nacional, permitió identificar y capturar seis personas vinculadas con las empresas fachada. Las sedes de estas entidades se encontraban en regiones como Barrancabermeja y Sabana de Torres (Santander), Galapa y Barranquilla (Atlántico) y Cúcuta (Norte de Santander).
Entre los detenidos figura Germán Arturo Sánchez Sánchez, considerado presunto cabecilla del esquema. Se le atribuye la coordinación de la extracción, transporte, almacenamiento y venta del crudo, además de la dirección en la falsificación documental. Otros acusados incluyen:
- Ricardo Pacheco López, presunto administrador de planta de tratamiento en Barrancabermeja, donde se habría recibido el crudo ilícito.
- Luis Beltrán González, vinculado con actividades de acopio y comercialización en Cúcuta.
- Óscar Luis Pastrana Martínez, ingeniero químico encargado de procesos de mezcla y pruebas del producto.
- Fabricio Patiño Cabrejo, Adriana Durán Otavo e Ingrid Galeano Rojas, quienes habrían colaborado en logística y operaciones para ocultar el origen real del hidrocarburo.
Los cargos que la Fiscalía les imputó abarcan: concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho (dar u ofrecer) y falsedad en documento privado.
La Fiscalía también reveló que está investigando posibles vínculos de complicidad con funcionarios, incluso de Ecopetrol, así como de miembros de la fuerza pública. Se indicó que ciertos actores dentro del esquema estarían respaldados por personal que tenía acceso a información interna o mecanismos de control.
