La deforestación en Colombia registró un marcado repunte en 2024, rompiendo la tendencia de los años previos. El país perdió 113.608 hectáreas de bosque en ese periodo, lo que representa un aumento del 43 % respecto a los niveles mínimos alcanzados en 2023.
La región amazónica fue la más afectada: aproximadamente 75.000 hectáreas, es decir más del 65 % del total nacional, fueron destruidas en esa zona. Las autoridades señalan que este alza se debe a una combinación de factores agravantes: incendios forestales asociados con sequías, expansión ganadera, construcción de vías no reguladas, minería ilegal y cultivos ilícitos.
Un punto de tensión destaca en los parques nacionales y reservas indígenas: entre 2024 y comienzos de 2025, se detectaron pérdidas de bosque dentro del Parque Nacional Chiribiquete (525 hectáreas) y dentro de la reserva indígena Llanos del Yarí–Yaguará II (856 hectáreas), impulsadas por la apertura de carreteras ilegales y la presión de actividades ilegales. En el caso de las áreas protegidas del país, 2024 registró más de 11.500 hectáreas perdidas, un crecimiento de 2,5 veces respecto a 2023, de acuerdo con análisis independientes.
Sin embargo, el panorama para 2025 empieza a mostrar señales de cambio: en el primer trimestre la deforestación en la Amazonía cayó 33 %, pasando de 40.219 a 27.000 hectáreas. Este descenso fue aún más pronunciado en los parques nacionales de la región, que experimentaron una reducción del 54 % en la presión forestal, con resultados especiales en áreas como Tinigua, La Macarena, Chiribiquete y La Paya.
El gobierno atribuye estos avances al fortalecimiento del Plan Integral de Contención de la Deforestación, mayor coordinación con las comunidades locales, presencia institucional ampliada y operativos contra delitos ambientales.
No obstante, organizaciones ambientales cuestionan los informes oficiales y alertan que sus propios monitoreos (como los de Global Forest Watch) indican que la pérdida de bosque primario no relacionada con incendios creció casi un 50 % en 2024. Esto sugiere que algunas formas de degradación podrían estar subcontabilizadas en los reportes estatales. El Observatorio de la Procuraduría también advierte que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se perdieron cerca de 88.900 hectáreas de bosque en todo el país, situación reforzada por la expansión de vías ilegales, cultivos ilícitos y minería en zonas críticas.
