En Colombia, el sistema dual de gestión vial —donde la ANI administra las concesiones modernas y el Invías se encarga de las vías no concesionadas— ha venido exhibiendo serias fallas. Mientras las carreteras concesionadas lucen en condiciones decentes, gran parte de la red estatal sufre deterioro, denuncian otros actores del sector.
Vías estatales en crisis: los números
Para sostener el mantenimiento de estas vías, se puso en marcha el esquema Gestión Vial Integral (GVI), que destina recursos captados en peajes a corredores no concesionados. No obstante, esa fórmula estaría fallando. El Invías habría redirigido, de forma discrecional, casi 500.000 millones de pesos entre 2024 y 2025, recursos que originalmente estaban destinados al mantenimiento de corredores específicos.
Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), de los más de 10.400 kilómetros bajo la responsabilidad de Invías, cerca del 60 % —equivalente a unos 2.000 kilómetros— se encuentra en estado “regular, malo o muy malo”.
En Antioquia, situación delicada: los cuatro peajes que operan bajo el programa GVI recaudaron entre enero y junio del presente año 64.449 millones de pesos, con una proyección de 127.363 millones para todo el año.
De ese monto, la inversión en obras en la región alcanzó apenas 12,6 %, una proporción que preocupa a los actores locales.
Uno de los tramos más afectados es el de la Ruta 6005 – tramo El Santuario a Caño Alegre —antes concesionado— en el cual 82 % de la vía ya se encuentra en condiciones deficientes.
Gremios del transporte, como Colfecar, cuestionan que Invías cuenta con una financiación mixta —aproximadamente 60 % del presupuesto estatal nacional y 40 % de ingresos por peajes—, pero aun así no logra mantener las vías en condiciones básicas.
Asimismo, se señala que la inestabilidad institucional en la dirección de Invías (ocho directores en tres años) y de la ANI (seis presidentes en el mismo periodo) ha agravado la falta de continuidad en los proyectos y supervisión adecuada.
En cuanto a vías terciarias y rurales, la situación es aún más grave. El programa Caminos Comunitarios para la Paz, que planeaba intervenir 33.000 km de vías rurales con inversión de 8 billones de pesos, habría cumplido un porcentaje de ejecución entre 0 % y 5 % en varios departamentos.
El Invías, sin embargo, afirma que ha permitido la habilitación de más de 2.400 km de transitabilidad rural, 160 km de placa huella y cerca de 5.620 m de pavimento rígido, además de generar unos 12.000 empleos.
Ante este panorama, los gremios exigen reglas claras para la reinversión del recaudo vial, planes plurianuales de mantenimiento, mecanismos de auditoría severa y evaluaciones estrictas al rendimiento institucional.
