viernes 24 de octubre de 2025, el gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones personales contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como contra su esposa, Verónica Alcocer, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Las sanciones fueron impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (vía la OFAC — Oficina de Control de Activos Extranjeros) bajo la acusación de que Petro no ha logrado frenar de manera efectiva la producción de cocaína en Colombia, lo que ha llevado, según Washington, a niveles “récord” de producción y al florecimiento de organizaciones de narcotráfico.
El secretario estadounidense, Scott Bessent, afirmó que “desde que el presidente Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia ha explotado a los niveles más altos en décadas, inundando a los Estados Unidos y envenenando a los americanos”.
Las sanciones implican el congelamiento de activos que los señalados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición para que ciudadanos o entidades de EE.UU. realicen transacciones con ellos.
En respuesta, Petro rechazó de manera categórica las acusaciones y calificó la medida como “una completa paradoja” o “una represalia política”. Afirmó que su gobierno ha realizado incautaciones históricas de cocaína y que los cultivos de coca han sido reducidos desde 2021.
El episodio ocurre en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia. En las semanas previas, se había registrado una escalada de enfrentamientos verbales entre el presidente estadounidense Donald Trump y Petro, acusaciones de violaciones de soberanía por parte de EE.UU. —en particular tras operaciones militares en el Caribe relacionadas con el narcotráfico— y cuestionamientos mutuos al enfoque de la lucha antidrogas.
Analistas señalan que sancionar a un presidente en ejercicio de uno de los tradicionales aliados de EE.UU. en América Latina es algo extremadamente inusual, lo que subraya la gravedad del deterioro de la relación bilateral.
Por último, aunque las sanciones están dirigidas directamente a Petro y su círculo, los analistas advierten que podrían tener implicaciones más amplias para la cooperación antinarcóticos entre los dos países, para la estabilidad interna de Colombia y para el papel de Colombia en la región.
