Han pasado más de ocho años desde la avalancha que destruyó gran parte de Mocoa, en Putumayo, la noche del 31 de marzo de 2017. Aquella tragedia, provocada por el desbordamiento de tres ríos, dejó más de 330 muertos, 400 heridos y cerca de 1.000 viviendas destruidas. A pesar de las promesas del Gobierno Nacional de reconstruir la ciudad y garantizar un nuevo hogar para las familias afectadas, la realidad muestra que gran parte de esos compromisos siguen sin cumplirse.
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de las 1.209 viviendas que se anunciaron después de la emergencia, solo alrededor de 300 han sido entregadas completamente. Las demás están en diferentes etapas de construcción o presentan retrasos por incumplimientos de los contratistas, dificultades administrativas y denuncias por presuntos actos de corrupción. A esto se suman las familias que aún viven en albergues o en casas prestadas, esperando una solución definitiva.
La comunidad de Mocoa denuncia que, a pesar de los múltiples anuncios de reactivación del proyecto, los avances son mínimos. Algunos de los conjuntos que se prometieron en 2020 todavía no cuentan con servicios básicos completos, como agua y alcantarillado. Mientras tanto, la UNGRD anunció recientemente un nuevo contrato para la construcción de 909 viviendas adicionales, con una inversión cercana a los 130 mil millones de pesos, buscando cumplir con lo que se prometió hace casi una década.
A las demoras en infraestructura se suma una reciente decisión judicial que condena al Estado colombiano por omisión durante la tragedia. El fallo del Consejo de Estado ordena indemnizar a las víctimas, al considerar que las autoridades no actuaron con la suficiente prevención a pesar de las alertas emitidas por la comunidad y los organismos ambientales antes del desastre.
Los habitantes de Mocoa sienten que han sido olvidados. Dicen que cada año reciben visitas de funcionarios que prometen avances, pero que la situación no cambia. “Nos cansamos de esperar. Nos prometieron casas, pero seguimos pagando arriendos o viviendo en zonas de riesgo”, afirma una de las damnificadas. Hoy, la reconstrucción de Mocoa sigue siendo una herida abierta que refleja las falencias estructurales del Estado en la atención de desastres y la falta de continuidad en los proyectos sociales. Ocho años después, la esperanza se mezcla con la frustración de una población que aún espera tener un techo digno sobre su cabeza.
