Durante una escala técnica rutinaria en el aeropuerto Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas en Madrid, España, el avión presidencial colombiano —operado por la Fuerza Aérea Colombiana— enfrentó un imprevisto logístico: varias compañías proveedoras de combustible se negaron a suministrarle el combustible necesario para reanudar su viaje.
El incidente ocurrió cuando el mandatario colombiano, Gustavo Petro, realizaba una gira por Oriente Medio con visitas previstas a países como Arabia Saudita, Egipto y Catar. Según fuentes citadas por medios colombianos, la negativa de las empresas se sustenta en la reciente inclusión de Petro en la lista de sancionados del organismo estadounidense Office of Foreign Assets Control (OFAC), también denominada “Lista Clinton”.
Las empresas de abastecimiento citado serían, en su mayoría, filiales o estarían vinculadas al capital norteamericano, lo que generó que optaran por abstenerse de prestar el servicio ante el riesgo de incurrir en sanciones o violaciones a la normativa estadounidense. Ante esta negativa, la aeronave debió ser trasladada a una base militar española, donde finalmente fue abastecida de combustible y pudo continuar su ruta.
Aunque el avión no pertenece directamente al presidente, sino al Estado colombiano, la evaluación de riesgo por parte de los proveedores consideró que su uso por parte de un jefe de Estado sancionado podía generar consecuencias legales internacionales. El episodio ha generado cuestionamientos en Colombia sobre la vulnerabilidad de la logística estatal frente a sanciones externas y sobre los efectos prácticos de la inclusión de altos funcionarios en listas de restricción internacional.
Este evento se suma al contexto generado por la sanción oficial del Departamento del Tesoro de EE.UU. al presidente Petro, a su esposa, hijo y al ministro del Interior, por presuntas actividades vinculadas al narcotráfico y lavado de activos. Analistas advierten que el episodio en Madrid podría marcar un antes y un después en la operatividad de viajes oficiales y contratos internacionales del Estado colombiano.
