En Medellín surgió una nueva controversia alrededor de los procedimientos de inmovilización de vehículos. Durante un debate en el Concejo, varios corporados expusieron serias acusaciones contra la empresa J&L, señalada de recibir carros trasladados por grúas a un parqueadero ubicado en Copacabana sin estar incluida en los listados oficiales autorizados por la justicia.
Los concejales aseguraron que numerosos ciudadanos han denunciado cobros exagerados para recuperar sus vehículos, con valores que, en algunos casos, habrían alcanzado cifras millonarias. Además, algunos propietarios aseguraron que no recibieron comprobantes formales por los pagos exigidos.
Las intervenciones durante el debate también abrieron la posibilidad de que funcionarios encargados de la movilidad, así como miembros de la Policía, estarían facilitando estas inmovilizaciones, localizando vehículos con órdenes judiciales y trasladándolos directamente al parqueadero cuestionado, lo cual podría constituir una práctica irregular.
El secretario de Movilidad, general (r) Pablo Ruiz, manifestó que analizarán cada caso y que se convocarán espacios de revisión para determinar si existen fallas en los protocolos o comportamientos irregulares dentro de la institución. También afirmó que, de ser necesario, se tomarán medidas disciplinarias o judiciales.
Hasta el cierre de esta edición, la empresa J&L no había entregado una respuesta oficial frente a los señalamientos.
