El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, enfrenta un momento crítico en su esfera jurídica: por un lado, la Procuraduría le impuso una sanción de seis meses de inhabilidad por participación indebida en política; por otro, tiene abiertos procesos judiciales tanto disciplinarios como penales relacionados con el controvertido lote Aguas Vivas. Además, la audiencia penal por estos hechos ya ha comenzado y se prevé que continúe hasta febrero de 2026.
En el ámbito disciplinario, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación señaló que Quintero, junto a otros cinco exfuncionarios de su administración, alteró el uso del suelo mediante el Decreto 412 de 2023. Según la entidad, esa norma habría beneficiado a particulares al permitir edificaciones más grandes en zonas que deberían haber sido de protección. La Procuraduría considera que estas acciones podrían responder a intereses privados, en detrimento del bien común.
En paralelo, la Fiscalía General de la Nación lo imputó formalmente por, al menos, dos delitos: peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, en el marco del caso Aguas Vivas. Un juez de garantías validó esa imputación, lo que confirma que el proceso penal seguirá su curso.
Adicionalmente, el juez que avaló la imputación impuso una restricción concreta sobre los bienes de Quintero: no podrá enajenar propiedades a su nombre durante un periodo mientras avanza la investigación. Esta medida es parte de las garantías procesales, pero también limita su libertad económica mientras responde por las acusaciones.
Por último, la audiencia contra Quintero ha enfrentado aplazamientos. La próxima sesión relevante está programada para el 13 de febrero de 2026, según el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín. El caso ha generado gran expectativa por su relevancia política y por las posibles consecuencias para su futuro público.
