La denuncia hecha por Angie Lizeth Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), continúa generando tensión dentro del Gobierno Nacional luego de que revelara que un grupo de hombres encapuchados ingresó a la vivienda de sus padres en Bogotá, causando destrozos sin llevarse objetos de valor. Según Rodríguez, el ataque —registrado en videos y fotografías— tuvo características propias de una operación planificada, pues los intrusos actuaron con guantes, rostros cubiertos y conocimiento del interior del inmueble.
Ante esta situación, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia y ministro de Justicia encargado, afirmó que la sofisticación del ataque hace improbable que se trate de delincuencia común. El funcionario sugirió que detrás del allanamiento podría haber actores vinculados a la inteligencia estatal, lo que, de confirmarse, configuraría un caso de “fuego amigo” dentro del mismo Gobierno. Idárraga también advirtió que existe preocupación por posibles interceptaciones ilegales, recordando que recientemente se analizó un presunto intento de chuzada al teléfono del ministro del Interior, Armando Benedetti.
La hipótesis de una operación interna también ha sido mencionada por Rodríguez, quien aseguró que durante su paso por el DAPRE enfrentó resistencia de algunos sectores que, según ella, no querían que continuara en el cargo. En su denuncia pública, la exdirectora indicó que teme por su seguridad y la de su familia, y agregó que presentará pruebas adicionales para demostrar que los hechos no responden a un robo ni a una amenaza común, sino a un acto dirigido para intimidarla.
Frente a estas declaraciones, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, expresó su respaldo a Rodríguez y pidió celeridad en la investigación para esclarecer si existen funcionarios estatales involucrados. Asimismo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el ataque y aseguró que las autoridades ya desplegaron equipos especializados para avanzar en la recolección de información, revisar las grabaciones de seguridad y establecer si se usó tecnología de vigilancia avanzada como parte del seguimiento a la exdirectora.
El caso ha despertado inquietud política y mediática debido a la posibilidad de que organismos del Estado estén actuando por fuera de la legalidad. Tanto Idárraga como Rodríguez insistieron en que la comunidad internacional y los organismos de control deben poner atención a lo que ocurre con los sistemas de inteligencia en Colombia, mientras las investigaciones buscan determinar si la agresión forma parte de una disputa interna o de un intento deliberado por presionar a altos funcionarios del Gobierno.
