Hace varias semanas la administración municipal anunció que abriría una vía pública que conectaría la vereda Granizal y sectores vecinos que pertenecen a Medellín con la autopista Medellín–Bogotá. Sin embargo, la obra aún no se concreta.
El 25 de junio pasado un deslizamiento de tierra arrasó con 70.000 metros cúbicos de lodo en Granizal, dejando un saldo de 25 personas muertas y 487 familias afectadas. Este dramático evento puso en evidencia la urgencia de una vía que facilite la llegada de ayuda humanitaria, agua potable y rutas de movilidad más seguras.
Para muchos habitantes (se calcula que unos 37.000 entre la zona) la vía significaba la solución a años de aislamiento. Antes, el único acceso terrestre en condiciones precarias era mediante un sector manejado por particulares que cobraban peajes informales: 10.000 pesos a volquetas, 5.000 a automóviles y 2.000 a motos. El anuncio de la Alcaldía de que la transitabilidad sería gratuita generó alivio y esperanzas.
Pero el optimismo fue tibio: según la administración, aún falta negociar la adquisición de un predio clave cuyo dueño una empresa agroindustrial en liquidaciónno ha completado la documentación requerida. La falta de ese tramo bloquea la continuidad de la vía: sin él, la conexión quedaría “ciega” y no serviría como ruta alternativa cuando haya emergencias en la autopista.
Por ahora, la solución que se está aplicando de manera temporal consiste únicamente en mantenimiento esporádico del carreteable existente algo que, según la administración, cubre su presupuesto actual, mientras se evalúa lo que costaría una intervención completa, que podría superar los 40.000 millones de pesos.
