Investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía desmantelaron la organización conocida como PPP —“Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo”— tras más de un año de seguimiento, que incluyó análisis de cámaras, interceptación de llamadas y trabajo encubierto. En un operativo ejecutado el 12 de diciembre de 2025, fueron capturados 11 integrantes, entre ellos su principal cabecilla, alias “Salvatore”, quien habría coordinado al menos 10 actos vandálicos durante 2024 y 2025.
El grupo se infiltró en universidades públicas de Bogotá haciéndose pasar por estudiantes, usando carnés falsos, para mezclarse con la comunidad académica. Una vez dentro, elegían espacios discretos donde cambiaban su vestimenta: overoles, capuchas, máscaras, guantes de carnaza y fundas de plástico en los zapatos, con el objetivo de evitar ser identificados.
Dentro de estos recintos preparaban explosivos improvisados —como “papas bomba” y molotov—, materiales que luego utilizaban en ataques coordinados: incendiaron al menos un bus del SITP, destruyeron estaciones de TransMilenio, atacaron vehículos institucionales y enfrentaron a la Fuerza Pública. En total, se les imputan 16 actos violentos, incluyendo el ataque a una patrulla en marzo de 2024 y otros incidentes que dejaron a personas heridas y a la infraestructura pública seriamente afectada.
Las autoridades informaron que la banda tenía presuntos nexos con el ELN, recibían financiación desde Medellín y operaban también en ciudades como Cali y Bucaramanga. Identificaron a otros tres cabecillas: “Tolima”, “Copete” y “No Educado”, responsables de coordinar redes logísticas, desplazamiento de explosivos y adquisición de materiales peligrosos.
El desmantelamiento del grupo fue posible gracias a una investigación que incluyó el análisis de más de 4.000 horas de video, la interceptación de 50 líneas telefónicas, entrevistas a testigos, la colaboración de un agente encubierto y operativos simultáneos en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Suba.
Los capturados fueron judicializados por delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado, porte de explosivos, incendio agravado, violencia contra servidor público y perturbación del servicio del transporte público. Las autoridades han sido enfáticas en señalar que esos hechos no fueron “protestas”, sino acciones criminales destinadas a causar daño y temor, y han instado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa.
El operativo contra la banda ‘PPP’ revela no solo el nivel de organización que alcanzaron, sino también su capacidad para infiltrar instituciones académicas, preparar artefactos explosivos y movilizar ataques coordinados en Bogotá y otras ciudades. No se descartan nuevas capturas y líneas adicionales de investigación, mientras continúan los esfuerzos para desactivar redes violentas que se ocultan detrás de causas aparentes o militancia política.
