Durante el transcurso del paro armado, decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre el 14 y el 17 de diciembre, su comandante Antonio García afirmó que la guerrilla “quiere dar continuidad a lo pactado” en la mesa de paz con el Gobierno, en un momento marcado por amenazas contra la población y ataques en diversas regiones del país.
Este paro armado nacional, convocado como presunta protesta contra lo que el ELN denomina “intervención imperialista” de Estados Unidos en la región, ha paralizado departamentos como Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Cauca. Durante este periodo, se registraron al menos 51 acciones violentas —incluyendo atentados contra peajes, subestaciones de policía, incineración de buses, instalación de cilindros bomba y banderas del grupo armado. También se reportó el asesinato de un conductor de ambulancia en Puerto Santander, entre otros hechos que pusieron en alerta la seguridad de la ciudadanía.
Las autoridades respondieron con despliegue adicional de tropas, consejos de seguridad en los departamentos más afectados y una postura firme del Ministerio de Defensa, que calificó el paro armado como una forma de “terrorismo mediático” y de intimidación a la población civil.
A pesar de la violencia registrada, Antonio García insistió en que su marcha busca mantener el diálogo: “dar continuidad a lo pactado en mesa de paz”, aunque no aportó detalles específicos sobre nuevas propuestas o interlocutores. Este llamado se produce en medio de un proceso de paz estancado tras el quiebre de septiembre de 2024, luego de varios atentados en Arauca que dejaron bajas militares.
La Defensoría del Pueblo calificó el paro armado como una “grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, destacando su impacto en la movilidad, el comercio y la tranquilidad de las comunidades, al restringir el acceso a servicios esenciales, transporte y vida cotidiana. Mientras tanto, el rechazo nacional crece, y algunos sectores hacen un llamado a intensificar la presencia militar en las zonas bajo presión insurgente.
