El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla armada más persistente en Colombia, anunció un alto al fuego unilateral entre el 24 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, en el marco de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Según el comunicado difundido por el grupo, durante ese periodo sus estructuras no realizarán operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública ni acciones que afecten a la población civil, presentándolo como un “mensaje de paz” para el pueblo colombiano.
El anuncio se produce tras semanas de intensos enfrentamientos, atentados y hostigamientos registrados en diversas regiones del país, donde el ELN ejecutó un paro armado desde mediados de diciembre que dejó decenas de acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil. Entre los hechos más graves está el ataque a una base militar en Aguachica (Cesar), donde murieron al menos siete soldados y más de 30 resultaron heridos, atribuido al Frente Camilo Torres Restrepo de ese grupo armado.
La Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de su principal líder Iris Marín Ortiz, reaccionó al anuncio del cese al fuego con escepticismo, recordando que el ELN ha hecho promesas similares en años anteriores sin cumplirlas plenamente. Marín subrayó que un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas por la guerrilla, y recordó cómo tras un cese anterior en 2024 la violencia continuó poco después.
Este anuncio llega en un contexto de diálogos de paz estancados entre el gobierno colombiano y la guerrilla. Aunque han existido múltiples intentos de negociación en años recientes, las conversaciones oficiales se han suspendido en varias ocasiones debido a continuos ataques, secuestros y falta de confianza mutua. La suspensión de los procesos y el aumento de hostilidades han complicado los esfuerzos para alcanzar acuerdos duraderos.
Analistas internacionales han interpretado este tipo de ceses unilateral del fuego como tácticos, usados por el ELN principalmente durante celebraciones para aliviar temporalmente la violencia sin comprometerse a un proceso de paz formal a largo plazo. Mientras tanto, el Estado colombiano y organismos de derechos humanos siguen evaluando el impacto real de estas treguas temporales en la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por el conflicto armado.
