Desde mediados de 2024, cientos de exmilitares colombianos fueron reclutados y trasladados para combatir en la guerra civil de Sudán, principalmente a favor de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar implicado en graves crímenes y acusado por organizaciones internacionales de genocidio y violaciones de derechos humanos. Muchos fueron contactados inicialmente por WhatsApp o internet con promesas de altos salarios y empleo en seguridad internacional, antes de ser enviados a zonas de conflicto en África.
La organización de este reclutamiento transnacional ha sido objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que en diciembre de 2025 incluyó en su lista a cuatro individuos y cuatro entidades señaladas de facilitar la contratación y el despliegue de exmilitares colombianos para luchar junto a la RSF. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), estos mercenarios sirvieron como infantería, artilleros, pilotos de drones y entrenadores, incluso con denuncias de entrenar a menores de edad para el combate.
Las rutas utilizadas para llevar a estos combatientes desde Colombia hasta Sudán fueron variadas: muchos pasaron por Emiratos Árabes Unidos para breves entrenamientos y luego siguieron por corredores clandestinos a través de Libia o Somalia, lugares donde operan bases militares o compañías de seguridad privada con vínculos emiratíes. Un excoronel colombiano, identificado en las investigaciones como uno de los principales coordinadores del reclutamiento, figura entre los sancionados por EE. UU. y señalado por antiguos socios como el cerebro detrás de la operación. Mientras tanto, familiares de los mercenarios sufren la incertidumbre de no conocer el paradero o destino de sus seres queridos y en algunos casos han recibido noticias de muertes en el frente de batalla. El Gobierno colombiano ha calificado parte de estas operaciones de “engaño” y ha señalado redes de trata de personas, al tiempo que declara esfuerzos para investigar casos y repatriar a quienes puedan estar en peligro, aunque los procesos oficiales siguen en desarrollo.
