La administración de los conjuntos residenciales y edificios en Colombia ha dejado de ser un tema meramente doméstico para convertirse en una gestión compleja de microinstituciones que deben administrar riesgos financieros y la convivencia de miles de familias. De cara al año 2026, la propiedad horizontal afronta lo que expertos califican como una transición financiera crítica, que combina la planificación presupuestal con desafíos normativos emergentes.
Uno de los aspectos centrales del debate en las asambleas de copropietarios es la cuota de administración para el próximo año. A diferencia de un simple incremento automático por inflación, las decisiones se centran en el costo real de operación, que incluye servicios como vigilancia, aseo y mantenimiento, y su distribución según los coeficientes establecidos. Además, las comunidades podrán recurrir a aportaciones extraordinarias si el fondo de reserva no cubre imprevistos o inversiones necesarias.
El cierre del 2025 también expuso tensiones entre tradiciones y normas internas en algunos conjuntos, especialmente por celebraciones en zonas comunes que no contaban con autorización. Estos incumplimientos de obligaciones no pecuniarias han derivado en sanciones internas, orientadas a ordenar el uso de los bienes comunes y reducir riesgos para los residentes, según voceros de administración de propiedad horizontal.
Paralelamente, en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca actualizar la Ley 675 de 2001, la norma que rige la propiedad horizontal en Colombia. Entre las propuestas figura la gestión de mascotas bajo reglas claras de bienestar, la regulación de alquilares turísticos mediante plataformas digitales con decisiones en asambleas, y la profesionalización obligatoria del administrador de copropiedades, con el fin de fortalecer la gestión técnica y administrativa de los conjuntos. La reforma también contempla la formalización de asambleas virtuales o mixtas para garantizar decisiones legítimas y transparentes, algo que puede acelerar procesos de decisión en comunidades grandes o con dificultades de convocatoria física. En este contexto, expertos y administradores insisten en que el presupuesto para 2026 no puede concebirse como un simple trámite, sino como un instrumento de gestión de riesgos y convivencia, que debe explicarse con claridad a los copropietarios para evitar sorpresas.
