La Universidad de Antioquia quedó envuelta en una fuerte controversia tras la remoción del rector John Jairo Arboleda Céspedes por parte del Ministerio de Educación Nacional, decisión que generó críticas de autoridades regionales y académicas. La medida fue oficializada mediante la Resolución 025421 del 29 de diciembre de 2025, firmada por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, dentro del marco de un proceso de inspección y vigilancia administrativa que adelanta la cartera sobre la institución y que había comenzado ante la evidente crisis financiera y administrativa de la universidad. El Ministerio argumentó que Arboleda no cumplió con las obligaciones de mejoramiento ordenadas y que su gestión afectó “los procesos de planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación y control” de las actividades institucionales, además de obstaculizar la labor de la inspectora designada para hacer seguimiento a los recursos. En su reemplazo fue designado Héctor Iván García García como rector encargado por un término inicial de un año, prorrogable una sola vez.
La decisión desató un intenso debate sobre la autonomía universitaria en Colombia. El diputado Luis Peláez denunció una supuesta extralimitación de funciones del Ministerio de Educación y una “grave vulneración” de la autonomía de la UdeA, anunciando la intención de agotar vías legales, incluida una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, para frenar la medida y defender el autogobierno universitario consagrado en la Constitución. Desde la Gobernación de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón calificó la intervención como una “usurpación de funciones” del Gobierno Nacional y la comparó con otras medidas estatales en entidades regionales, generando rechazo político.
El contexto de la medida incluye problemas financieros significativos en la Universidad de Antioquia, que en meses recientes ya habían llevado al Ministerio de Educación a imponer medidas preventivas y de vigilancia especial. Algunos sectores de la comunidad académica habían expresado apoyo a estas acciones, aunque siempre dentro de un marco de respeto por la autonomía, mientras que la universidad había presentado recursos de reposición frente a decisiones previas del ministerio, argumentando vulneraciones al debido proceso, proporcionalidad y legalidad.
La situación continúa generando repercusiones políticas y jurídicas en el departamento de Antioquia y en el ámbito nacional, marcando un nuevo capítulo en el debate sobre el papel del Estado frente a las universidades públicas y los límites de su intervención.
