Cinco soldados del Ejército Nacional de Colombia siguen bajo cautiverio tras haber recibido el Año Nuevo en manos de una disidencia armada del país. Estas capturas fueron perpetradas por miembros del Estado Mayor Central (EMC), la estructura de disidencias de las FARC comandada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, en varias zonas de los departamentos de Cauca y Nariño.
El primer caso de secuestro ocurrió el 26 de julio de 2025, cuando el soldado regular Jamerson Adrián Guacheta Guacheta fue retenido en el municipio de Cajibío (Cauca). Meses después, el 26 de agosto, los soldados Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro fueron secuestrados en Cumbitara (Nariño), junto con Juan David Buitrón Caicedo en la vereda Guadualito del municipio de Balboa (Cauca).
El hecho más reciente de esta serie de secuestros se registró el 14 de noviembre de 2025, tras un combate entre la fuerza pública y las disidencias en Balboa, donde el soldado profesional Víctor Hugo Yepes García fue retenido por los grupos armados ilegales.
El Ejército Nacional de Colombia ha condenado estos actos y los ha calificado como “crímenes inaceptables” que violan el Derecho Internacional Humanitario. En comunicados oficiales difundidos en redes sociales, la institución ha reiterado que los militares son “hijos, hermanos y padres que sirven a la Patria con honor” y ha reafirmado su compromiso de trabajar por su pronta liberación.
Este episodio se enmarca en un contexto de violencia prolongada protagonizada por las disidencias de las FARC, las cuales han intensificado sus acciones armadas, incluidos secuestros y enfrentamientos con las fuerzas del Estado. Organismos de seguridad y justicia, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, han emitido órdenes de captura contra líderes de estas estructuras y han denunciado públicamente estas violaciones.
Además, otras acciones de este grupo han generado preocupación nacional: recientemente se reportó el secuestro de 34 militares en una zona rural de Guaviare, atribuido también a las disidencias bajo órdenes de “Iván Mordisco”, lo que ha agravado la crisis de orden público y ha llevado al Gobierno a exigir la liberación inmediata de los uniformados.
