El Gobierno Nacional de Colombia abrió la puerta a la posibilidad de implementar controles de precios como parte de una estrategia para contener posibles efectos inflacionarios tras el aumento del salario mínimo para 2026, que se sitúa en uno de los incrementos más altos de la historia reciente. La medida fue anunciada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que el Ejecutivo está evaluando medidas adicionales para evitar presiones de precios en bienes y servicios clave.
El debate se enmarca en torno a los posibles impactos que puede generar el alza del salario mínimo en los costos de producción y en la economía general. El incremento salarial entró en vigencia el 1 de enero de 2026 y ha generado preocupaciones sobre su posible efecto en la inflación, especialmente si los empresarios trasladan esos costos adicionales a los precios al consumidor.
Sanguino explicó en entrevistas con medios de comunicación que el Gobierno está trabajando en conjunto con los ministerios de Hacienda y Comercio para preparar un decreto que incluya medidas de control de precios y desindexación de ciertos bienes y servicios que tradicionalmente se ajustan automáticamente con el salario mínimo. Estas acciones buscan evitar aumentos injustificados en productos básicos y mitigar las posibles presiones inflacionarias sobre los hogares colombianos.
Entre las medidas que están en estudio se encuentra la desindexación de precios, que implica desvincular ciertos bienes y servicios del ajuste automático con base en el salario mínimo, lo cual forma parte de una estrategia más amplia para frenar la transmisión del incremento salarial a los precios al consumidor.
El anuncio del posible control de precios ha generado diversas reacciones. Algunos sectores han señalado que esta herramienta podría ayudar a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de quienes se benefician directamente del aumento salarial. No obstante, otros analistas han alertado sobre los riesgos de introducir controles de precios en la economía, advirtiendo que podrían generar distorsiones de mercado o problemas de desabastecimiento si no se implementan con cuidado.
Además de las medidas de control, el Gobierno planea reforzar mecanismos de seguimiento y sanción contra prácticas especulativas que puedan aprovechar el alza salarial para elevar precios de forma injustificada. El decreto que incluya estas acciones se espera sea publicado en los próximos días como parte de la respuesta del Ejecutivo a los efectos económicos del ajuste salarial para 2026.
