El Gobierno nacional presentó un proyecto de decreto para cambiar la forma en que se fija el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia, después de que en un solo año —como consecuencia del aumento del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV)— miles de compradores tuvieran que conseguir hasta 49 millones de pesos adicionales para no perder su vivienda.
El borrador establece que el valor máximo de la VIS será equivalente a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin distinción entre ciudades grandes como Medellín o Bogotá y municipios intermedios. Además, propone que ese valor se pacte en pesos desde el inicio y que no pueda indexarse al salario mínimo durante la ejecución del contrato.
Expertos han reaccionado con cautela. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, calificó la medida como una “sensación de mayor transparencia” pero advirtió que no resuelve los problemas estructurales del mercado y podría ser “pan para hoy y hambre para mañana”, generando incertidumbre en la construcción de proyectos VIS.
Por su parte, Andrés Giraldo, gerente de Growth Lab-Consultoría Inmobiliaria, señaló que la medida puede parecer un beneficio para quienes ya compraron, pero a mediano y largo plazo puede desalentar nuevos proyectos si los constructores no tienen claridad sobre cómo se ajustarán los costos y precios.
¿Por qué se encareció tanto la VIS?
La VIS nació como una política para facilitar el acceso a vivienda para hogares de menores ingresos. Sin embargo, en 11 años su valor aumentó más de $165 millones: mientras que en 2015 el tope iba alrededor de $96,6 millones, en 2026 ronda los $262,6 millones en ciudades grandes. Esto implica casi el triple del valor inicial y ha distorsionado el concepto original de vivienda de interés social.
Parte del problema es que la VIS está indexada al salario mínimo, por lo que cada aumento de este directamente eleva el precio máximo permitido de las viviendas. Además, el 85 % de la oferta se concentra en el tope legal, lo que excluye a los hogares con ingresos de 1–2 SMMLV de acceder a estos proyectos debido a las exigencias financieras (cuota inicial y crédito hipotecario).
Según análisis del sector, financiar una VIS con los precios de 2025 implicaba cuotas mensuales superiores al salario mínimo de ese año, una situación que se agrava para muchas familias con los valores proyectados de 2026.
