En medio de la creciente expectativa por operaciones coordinadas entre Estados Unidos y Colombia para enfrentar al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo guerrillero ha roto su silencio con una propuesta inédita: un “acuerdo nacional” que impulse una reforma estructural del país.
Todo ocurre en un escenario donde el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump habrían acordado, tras una llamada reciente, acciones conjuntas contra el ELN en la frontera colombo-venezolana —una región porosa donde la guerrilla suele buscar refugio— según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Frente a esta coyuntura, el ELN emitió un comunicado calificando las posibles acciones conjuntas como “agresiones imperialistas” y planteó una propuesta política innovadora. Demandó que la actual campaña electoral, que incluye elecciones legislativas el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, se convierta en el escenario propicio para debatir un pacto que incluya a “toda la sociedad”, y que se consolide durante el próximo gobierno como un mandato constitucional.
Entre los ejes principales de este acuerdo se destacan:
● Soberanía nacional y popular: blindar a Colombia de injerencias externas, en particular de Estados Unidos.
● Erradicación de pobreza, persecución política, corrupción y paramilitarismo.
● Nuevo modelo económico: que atienda necesidades reales de las comunidades.
● Protección ambiental y transición energética justa.
● Enfoque comunitario en la lucha contra el narcotráfico.
● Reestructuración de las Fuerzas Armadas: que sean garantes de derechos y diversidad política, y no instrumentos de represión.
La propuesta tiene una clara intencionalidad política: mostrarse como un actor central en el debate sobre soberanía y construcción de paz, cuestionando el rol de Estados Unidos y su influencia en la región. Sus palabras reflejan una estrategia para endurecer su posición negociadora, apelando a la opinión pública y presionando al próximo gobierno a asumir su agenda.
Este nuevo escenario abre interrogantes sobre la viabilidad de un diálogo incluyente y un pacto de Estado. Será clave el papel de otros actores: el próximo gobierno, la oposición, organizaciones sociales y la sociedad civil. ¿Podrá Colombia aprovechar esta propuesta como una oportunidad histórica para cerrar heridas y construir una paz integral?
