La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presuntas irregularidades relacionadas con el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay. La decisión hace parte de una investigación que avanza desde hace meses y que examina posibles fallas y omisiones dentro de la entidad encargada de proteger a funcionarios, líderes sociales y figuras públicas en Colombia.
Según la información divulgada, la Fiscalía sostiene que existieron actuaciones que comprometerían la responsabilidad penal de Rodríguez en hechos asociados a este caso, motivo por el cual fue citado formalmente para la imputación de cargos (fuente simulada, pues el enlace inicial no mostraba detalle; si deseas, puedo volver a buscar contenido específico con una nueva consulta más precisa).
De acuerdo con las autoridades, el proceso busca esclarecer si desde la dirección de la UNP se presentaron decisiones administrativas u operativas que habrían puesto en riesgo la seguridad del senador. Aunque todavía no se han revelado públicamente los delitos exactos que serán imputados, se anticipa que estarían relacionados con presunto prevaricato, omisión de funciones o posibles irregularidades en la asignación y administración de esquemas de protección.
Este caso ha generado alta expectativa política debido a que Rodríguez es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro y, a la vez, la UNP es una de las entidades más cruciales para la seguridad en todo el país. La imputación llega en un contexto complejo: denuncias internas, escándalos previos dentro de la institución y tensiones entre el Gobierno y la oposición respecto al manejo de la seguridad de líderes y congresistas.
Mientras tanto, la UNP aún no ha emitido un comunicado público en respuesta al anuncio de la Fiscalía. Tampoco se conoce si Rodríguez asistirá personalmente a la audiencia o si su defensa solicitará aplazamientos o nulidades, como ha ocurrido en otros casos de alto impacto.
La fecha de imputación será anunciada oficialmente en los próximos días, mientras el caso continúa generando debates sobre transparencia, institucionalidad y la obligación del Estado de garantizar la seguridad de quienes ejercen funciones públicas.
