El presidente Gustavo Petro anunció este 6 de febrero de 2026 que su Gobierno declarará una emergencia económica, social y ecológica en los departamentos de Córdoba y Sucre, con el fin de atender los devastadores efectos provocados por un frente frío y fenómenos asociados a la crisis climática. El mandatario elevó una petición formal a la Corte Constitucional para levantar la suspensión que pesa sobre el decreto de emergencia económica emitido en diciembre de 2025, argumentando que el país atraviesa un hecho “imprevisible” que exige medidas urgentes.
Según los reportes oficiales, la situación en la región es crítica: más de 52.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas, graves daños en viviendas y afectaciones severas a sectores productivos como la ganadería y la agricultura. Petro aseguró que el impacto de este fenómeno confirma advertencias previas sobre el riesgo de hambre en Córdoba y Sucre, advertido también por la FAO. “Hay 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas”, señaló el presidente en su cuenta de X al referirse a la magnitud del desastre.
En su declaración, el mandatario vinculó los daños a condiciones climáticas impredecibles intensificadas por el cambio climático, sumadas a deficiencias en la gestión de infraestructura hidráulica como embalses. Petro cuestionó decisiones de planificación que, según él, han agravado los efectos de la emergencia. Además, afirmó que la emergencia permitirá destinar recursos prioritarios para mitigar impactos y responder de manera más efectiva a las comunidades afectadas.
El anuncio revive el debate sobre el uso de estados de excepción, especialmente después de que la Corte suspendiera el decreto de emergencia económica de diciembre de 2025 por considerar que no estaban claras las condiciones de imprevisibilidad. La nueva solicitud se presenta dentro de un contexto donde opositores y expertos han advertido sobre los riesgos institucionales del uso reiterado de herramientas extraordinarias. Aun así, organizaciones humanitarias, autoridades locales y líderes comunitarios han insistido en la necesidad urgente de intervención estatal debido al colapso de infraestructuras y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.
El Gobierno espera que, con la declaratoria, se puedan hacer inversiones rápidas, atender a familias desplazadas, recuperar sistemas de riego y drenaje, reconstruir viviendas, garantizar ayudas económicas y coordinar un plan integral de recuperación con entidades locales, nacionales e internacionales. Mientras tanto, la región se mantiene en alerta y a la espera de la decisión de la Corte Constitucional.
