Siete años después de la muerte de Dilan Cruz durante las protestas del Paro Nacional de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la responsabilidad de la Policía Nacional en los hechos y calificó el caso como una grave violación de los derechos humanos.
La decisión ratifica la condena contra la institución por la muerte del joven bogotano, quien falleció tras recibir el impacto de una munición tipo Bean Bag disparada por un integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante una jornada de manifestaciones en noviembre de 2019.
El Tribunal ratificó la responsabilidad de la institución
De acuerdo con la determinación judicial, la Policía Nacional deberá responder por los hechos ocurridos durante las movilizaciones sociales en las que resultó herido Dilan Cruz. El alto tribunal concluyó que la actuación estatal comprometió derechos fundamentales y constituyó una grave vulneración de los derechos humanos.
La decisión representa uno de los fallos más relevantes relacionados con el actuar de la fuerza pública durante las protestas registradas en el país en los últimos años.
Un caso que marcó las protestas de 2019
Dilan Cruz se convirtió en uno de los símbolos de las movilizaciones sociales que se desarrollaron en Colombia durante el Paro Nacional de 2019. El joven resultó gravemente herido durante una intervención del ESMAD en Bogotá y posteriormente falleció debido a las lesiones sufridas.
Su muerte generó un amplio debate nacional sobre los protocolos de uso de la fuerza, la actuación de los escuadrones antidisturbios y la protección de los derechos humanos durante las manifestaciones ciudadanas.
La justicia mantiene su posición
Con esta decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratifica las conclusiones judiciales previas sobre la responsabilidad estatal en el caso y reafirma que los hechos deben analizarse bajo estándares de derechos humanos.
La corporación judicial señaló que la muerte de Dilan Cruz no se trató únicamente de un hecho aislado, sino de una situación que compromete la responsabilidad institucional frente a la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos durante operativos de control de manifestaciones.
El fallo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de la fuerza en escenarios de protesta y el papel de las autoridades en la garantía de los derechos fundamentales.
