A pocas horas de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional oficializó una de las decisiones ambientales más importantes de los últimos años: declarar 483.283 kilómetros cuadrados del bioma amazónico, equivalentes al 42 % del territorio continental colombiano, como una reserva definitiva de recursos naturales renovables. La medida impide que se otorguen nuevas concesiones para minería e hidrocarburos en esta región.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 0961 de 2026 del Ministerio de Ambiente. Con esta declaratoria, no podrán firmarse nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo, gas o minería dentro del área protegida. Sin embargo, los proyectos que ya cuentan con contratos, títulos y licencias vigentes podrán continuar hasta el vencimiento de sus autorizaciones, pero no podrán ser prorrogados.
Según el Ministerio de Ambiente, el objetivo es proteger uno de los ecosistemas más importantes del planeta, considerado un gran reservorio de biodiversidad, fuente de agua y uno de los principales sumideros de carbono del mundo. La cartera aseguró que la medida busca evitar la expansión de actividades extractivas sobre la Amazonía colombiana y fortalecer la estrategia nacional de conservación ambiental.
La resolución también establece que la declaratoria no afecta los derechos de las comunidades indígenas ni modifica el régimen de los parques nacionales o demás áreas protegidas. Además, aclara que otras actividades permitidas por la legislación ambiental podrán seguir desarrollándose bajo las normas vigentes.
Antes de expedir la norma, el Gobierno adelantó un proceso de consulta previa con autoridades indígenas de la Amazonía. No obstante, la consulta con algunos consejos comunitarios afrodescendientes aún no ha concluido, por lo que la resolución contempla medidas transitorias para esos territorios mientras finaliza ese proceso.
La decisión ha generado posiciones divididas. Mientras sectores ambientalistas la califican como un avance histórico para la protección de la Amazonía, representantes del sector minero-energético y del nuevo Gobierno han expresado reparos, al considerar que podría limitar el desarrollo económico y favorecer actividades ilegales en la región. Incluso, expertos señalan que la medida podría ser revisada o modificada por la nueva administración mediante un acto administrativo posterior.
