Las autoridades migratorias intensificaron los controles en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro y ya completan 101 extranjeros inadmitidos en Antioquia durante 2026 por presuntos vínculos con actividades relacionadas con turismo con fines de explotación sexual. La cifra ya supera los cerca de 80 casos registrados durante todo 2025 en el departamento.
El más reciente caso involucró a seis ciudadanos estadounidenses que llegaron desde Miami y fueron rechazados por Migración Colombia tras detectar inconsistencias en las explicaciones sobre el propósito de su viaje.
Controles más estrictos en el José María Córdova
De acuerdo con Migración Colombia, los viajeros fueron sometidos a entrevistas de control migratorio y a una revisión de equipaje con apoyo de la Policía Nacional. Durante la inspección, las autoridades encontraron paquetes de billetes de un dólar que, según las investigaciones preliminares, serían utilizados como propinas en establecimientos nocturnos.
Las evidencias llevaron a los funcionarios a concluir que existía un riesgo de actividades relacionadas con explotación sexual, razón por la cual se ordenó su inadmisión al país. [
Medellín sigue bajo vigilancia
Las autoridades han señalado que Medellín continúa siendo uno de los principales focos de vigilancia frente a este fenómeno. Por ello, Migración Colombia fortaleció la capacitación de sus funcionarios para detectar perfiles de viajeros que podrían representar riesgos para niños, niñas, adolescentes y mujeres.
La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, indicó que se han incrementado los controles y los procesos de verificación con apoyo de agencias internacionales y organismos de cooperación.
Cifras en aumento
Los 101 inadmitidos registrados este año representan un incremento significativo frente a los datos de 2025. A nivel nacional, las autoridades reportan cerca de 140 inadmisiones por esta causa durante 2026, una cifra que también supera los registros del año anterior.
Las medidas buscan frenar la llegada de extranjeros que pretendan utilizar el país para actividades asociadas a la explotación sexual y reforzar la protección de poblaciones vulnerables.
